“Estaban dispuestos a matar a un millón de personas para que no hubiera una revolución”, Por Rolando Tobarez para Diario Jornada.
Se lo dijo un capitán de la Armada Argentina a Julio Urien, el militar retirado que declaró ayer. En el ´72 el testigo encabezó una sublevación en la ESMA, indignado con la política de torturas y secuestros que adoptaron las fuerzas armadas. “Lo que pasó en Trelew fue un asesinato”, dijo.
Ya no podíamos salir a la calle de uniforme porque la gente nos insultaba. Ante la posibilidad de que nos agredieran, los desfiles militares de cada año se transformaban en la práctica de ir con munición de guerra y cargar con bayoneta contra la gente”. Así sintetizó Julio Urien el cambio que sufrió la formación de los militares en la Escuela Naval luego del Cordobazo de 1969.
Se recibió en diciembre de 1971 y fue el uniformado que encabezó la sublevación del 17 de noviembre de 1972 en la Escuela de Mecánica de la Armada. Junto con un grupo de militares, se opuso al modelo de torturas y desapariciones que auspició la dictadura de Agustín Lanusse para intentar sofocar las nacientes protestas sociales, gremiales y políticas de aquel país.
En el juicio por la Masacre de Trelew, Urien era testigo propuesto por la defensa de Luis Sosa y Emilio Del Real, acusados de la autoría militar de los fusilamientos del 22 de agosto de 1972. Pero su relato favoreció la tesis de la querella, según la cual esa balacera fue un delito de lesa humanidad que formó parte de un esquema de represión general.
El militar retirado presenció cómo en la ESMA se inició la formación de grupos de tareas paramilitares. La oscura iniciativa ya incluía la tortura de militantes políticos como método para obtener información. Todo bajo el paraguas de la doctrina de seguridad nacional. Para los acusadores, los 19 fusilados de Trelew fueron las primeras víctimas de la aplicación práctica de esta doctrina contra un “enemigo interno”.
Urien admitió que “nos generaba una contradicción que siendo militares el pueblo nos repudiara”. La instrucción militar que recibió a fines de los ´70 se basó en “la lucha contra el pueblo”. Ante el tribunal recordó una clase en el cine de la Escuela, bendecida por el capellán militar, obispo Victorio Bonamin. “Nos pasaron un film sobre la batalla de Argelia donde el ejército colonial francés tortura a los argelinos que luchaban por su liberación. Así se justificaba la tortura”.
Esta enseñanza generó dudas y discusión en el grupo de futuros oficiales acerca del rol de los militares. “Soy de Infantería de Marina y una vez recibidos, en febrero del ´72, en el primer curso comando que nos dictan los norteamericanos, el cuadro de situación es una infiltración en la lucha contra el comunismo”. En el ejercicio, Urien y su gente simulaban haber sido capturados y torturados. “Eso generó una gran indignación en parte de quienes participamos”, subrayó.
Luego pasó a Puerto Belgrano. “Nuestro batallón actuaría en cualquier lugar del país como reserva, pero nuestra función era repeler una probable insurrección popular en Bahía Blanca”. Con armas de guerra y no de disuasión, estaban listos para salir a la calle. Tras los incidentes populares en Córdoba, Rosario y Mendoza “se esperaba un levantamiento popular y por eso toda nuestra instrucción era la represión interna”.
Hubo prácticas en Ingeniero White simulando tomar la población y hasta desembarcaron en Puerto Madryn. “Tomamos la ciudad con allanamientos al azar como una práctica militar: entrábamos a la casa, sacábamos a la gente y eso en un grupo de oficiales y suboficiales generó un debate interno”.
En este marco llega el 22 de agosto. El jefe de su batallón, Iriberri, “muy compungido”, les leyó el parte con la versión oficial del intento de fuga. “Nuestra impresión fue que había sido un asesinato. Un intento de fuga era imposible en esas condiciones”.
Al mes fue enviado a la ESMA. “Allí nos dan como objetivo la defensa de la Escuela. Pero en noviembre ya estructuran grupos paramilitares para actuar de civil, sin documentos, secuestrar a una lista del Servicio de Inteligencia y entregarlos”.
“No queríamos ser parte de eso pero como militares no podíamos decir que no estábamos de acuerdo sino que nos sentíamos obligados a revertir esa situación. Queríamos a la Armada y demostrar que había otros militares que no estaban con la política de secuestrar y matar prisioneros”.
Los rebeldes como él fueron desarmados y detenidos. Pero alcanzan a sublevarse en apoyo al regreso del general Juan Perón y a favor de la democracia. El 11 de marzo de 1973 seguía preso en un calabozo. El 12 gana las elecciones Héctor Cámpora. Lo sacan de su cárcel y le presentan a un capitán de la Armada. “Me saluda y me dice que me venía a conocer y a hacerme una pregunta: si nosotros pensábamos, una vez que triunfó el gobierno popular, que íbamos a hacer una revolución. Antes de contestarle me dijo que la Armada estaba dispuesta a matar a un millón de personas pero que acá no se iba a hacer ninguna revolución. Me da la mano y se va”.
La sublevación no fue gratis: secuestraron al guardiamarina Mario Galli con su esposa, madre y su nena, la única que reapareció. También desapareció el cabo segundo Juan Tejerina, de Infantería de Marina, y asesinan en Tucumán al teniente de navío Carlos Lebrón. “En la Marina se piensa de esa manera y si no, uno se tiene que ir”, graficó Urien.
“Habíamos planteado que si nos mandaban a reprimir no lo íbamos a hacer, nos íbamos a abrazar con el pueblo y que sea lo que Dios quiera. Una vez en la ESMA ya no teníamos opción y esa negativa fue el detonante del levantamiento”, le dijo al tribunal.
Según Urien, “había toda una política que ya se venía manifestando y en el caso concreto de Trelew era parte de lo que el gobierno militar implementaba. No queríamos quedar pegados con esta política de matar presos”. Los manuales de la Marina ya decían que “el mejor prisionero es el prisionero muerto”.#
Los marinos, con un plan que hizo agua, Por Ailín Bullentini para Pagina12
En 1972, Urien encabezó un grupo de marinos que se sublevaron en la ESMA. Fue llamado como testigo por las defensas de los acusados, pero benefició a las querellas. “Los fusilamientos eran parte de una política”, dijo.
“Los fusilamientos en Trelew eran parte de una política que el Ejército venía implementando”, sentenció el teniente de fragata Julio César Urien ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia en el marco del juicio por la Masacre de Trelew. Llamado como testigo por la defensa de dos de los imputados en el proceso –los marinos retirados Emilio del Real y Luis Sosa–, Urien acabó aportando datos fundamentales para echar por tierra la estrategia de los acusados. Tan es así que su declaración fue, el jueves, desestimada por la defensa que en un principio lo convocó, pedido que finalmente fue desoído por el tribunal. “Este juicio nos ayudará a explicar en parte el origen del genocidio argentino: cómo se empieza a generar la postura de las Fuerzas Armadas de represión a la militancia argentina”, definió el abogado representante de la Secretaría de Derechos Humanos en la causa, Germán Kexel.
Urien remarcó que como miembros de la marina recibieron “adiestramiento” en el marco del Plan Conintes: “Hacíamos allanamientos, practicando tomar la población, en el ’72 habrá sido. Toda la instrucción militar que se nos empieza a dar es luchar contra el pueblo, se nos da parte de una película de la batalla de Argelia –la escuela francesa– donde se justifica la tortura como elemento para obtener información. En ese marco llegamos a agosto”, apuntó. También mencionó que cuando les leyeron “el parte oficial” por lo sucedido en la Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972 con los 19 presos políticos allí encerrados “la impresión nuestra era que había sido un asesinato”.
Para Kexel, Urien “fue implacable”. Urien, al igual que los militares retirados Ricardo Hirsch, Mario Actos y Aníbal Acosta, habían sido citados por las defensas en el marco de la comprobación de sus estrategias: probar que los fusilamientos de Trelew no fueron delitos de lesa humanidad, sino que los asesinatos fueron, en realidad, reacciones de los marinos ante un intento de fuga de los 19 presos políticos que se encontraban el 22 de agosto de 1972 encerrados en la Base Almirante Zar.
Urien y sus compañeros formaron parte de un grupo de 200 marinos que, en noviembre de 1972 y en plena actuación en la Escuela de Mecánica de la Armada, se sublevaron a sus autoridades.
“Nosotros no queríamos ser parte de eso, como militares nos sentíamos en la obligación de resistir esa obligación. Queríamos decir que no todos estábamos de acuerdo con secuestrar, con actuar de civil. Decidimos sublevarnos y esperar la vuelta del general (Juan Domingo) Perón”, recordó Urien en su declaración de ayer. Producto de esa decisión, fueron detenidos y, en 1973, amnistiados por la orden impartida por el entonces presidente Héctor Cámpora horas después de asumir el cargo.
Sin embargo, la estrategia de los patrocinantes de Sosa, Del Real y del resto de los acusados, los militares retirados Rubén Paccagnini, Jorge Bautista y el cabo Carlos Marandino dio un giro en su propia contra cuando el primero de los testimonios, ofrecido el jueves por Hirsch, habló de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional de parte de la Armada “en contra de un enemigo interno”.
“Las defensas se negaron a que las querellas indagaran a Hirsch por otras cuestiones que no fueran la amnistía. Dijimos que no, no contaban con ningún tipo de argumentación jurídica”, explicó el responsable de la querella de los familiares de la masacre, Eduardo Hualpa. Tras un debate extendido y efusivo, el TOF rechazó el pedido de las defensas. Tras lo dicho por Hirsch, las defensas quisieron desistir del resto de los testigos citados por ellas mismas, pedido que el tribunal aceptó sólo parcialmente. “Nosotros consentimos dos desestimaciones, pero no la de Urien. El había sido jefe de la división que se sublevó en contra de las indicaciones de torturas y secuestros y tenía cosas interesantes para decir respecto de la calificación de los fusilamientos como delitos de lesa humanidad”, concluyó Kexel. Urien, finalmente, declaró. “Sucedió algo llamativo que sirvió para seguir comprobando que los fusilamientos no fueron accidentales, sino parte de un plan sistemático de eliminación”, definió.
Para Kexel, Urien “fue implacable”. Urien, al igual que los militares retirados Ricardo Hirsch, Mario Actos y Aníbal Acosta, habían sido citados por las defensas en el marco de la comprobación de sus estrategias: probar que los fusilamientos de Trelew no fueron delitos de lesa humanidad, sino que los asesinatos fueron, en realidad, reacciones de los marinos ante un intento de fuga de los 19 presos políticos que se encontraban el 22 de agosto de 1972 encerrados en la Base Almirante Zar.
Urien y sus compañeros formaron parte de un grupo de 200 marinos que, en noviembre de 1972 y en plena actuación en la Escuela de Mecánica de la Armada, se sublevaron a sus autoridades.
“Nosotros no queríamos ser parte de eso, como militares nos sentíamos en la obligación de resistir esa obligación. Queríamos decir que no todos estábamos de acuerdo con secuestrar, con actuar de civil. Decidimos sublevarnos y esperar la vuelta del general (Juan Domingo) Perón”, recordó Urien en su declaración de ayer. Producto de esa decisión, fueron detenidos y, en 1973, amnistiados por la orden impartida por el entonces presidente Héctor Cámpora horas después de asumir el cargo.
Sin embargo, la estrategia de los patrocinantes de Sosa, Del Real y del resto de los acusados, los militares retirados Rubén Paccagnini, Jorge Bautista y el cabo Carlos Marandino dio un giro en su propia contra cuando el primero de los testimonios, ofrecido el jueves por Hirsch, habló de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional de parte de la Armada “en contra de un enemigo interno”.
“Las defensas se negaron a que las querellas indagaran a Hirsch por otras cuestiones que no fueran la amnistía. Dijimos que no, no contaban con ningún tipo de argumentación jurídica”, explicó el responsable de la querella de los familiares de la masacre, Eduardo Hualpa. Tras un debate extendido y efusivo, el TOF rechazó el pedido de las defensas. Tras lo dicho por Hirsch, las defensas quisieron desistir del resto de los testigos citados por ellas mismas, pedido que el tribunal aceptó sólo parcialmente. “Nosotros consentimos dos desestimaciones, pero no la de Urien. El había sido jefe de la división que se sublevó en contra de las indicaciones de torturas y secuestros y tenía cosas interesantes para decir respecto de la calificación de los fusilamientos como delitos de lesa humanidad”, concluyó Kexel. Urien, finalmente, declaró. “Sucedió algo llamativo que sirvió para seguir comprobando que los fusilamientos no fueron accidentales, sino parte de un plan sistemático de eliminación”, definió.
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