Masacre de Trelew:
los militares sabían que se preparaba una fuga de la Unidad 6 de Rawson
Los abogados de las familias ratificaron que los presos fueron fusilados por la Armada y que fue “un crimen de lesa humanidad” necesario para imponer una nueva estructura económica. La inteligencia militar sabía que se prepara una fuga de la U-6 de Rawson pero no logró impedirla.
El Centro de Estudios Legales y Sociales consideró probado que los 19 fusilamientos de la Masacre de Trelew fueron “gravísimos crímenes de lesa humanidad” que dejaron “familias marcadas y diezmadas”. Y que el episodio fue “un hito en el plan clandestino de represión, que tuvo su máxima expresión con el terrorismo de Estado posterior”.
Con la complicidad de parte de la sociedad civil, el objetivo era imponer una nueva estructura económica que necesitaba el “disciplinamiento” de la población, en especial la militante. Trelew fue la primera ejecución del esquema represivo.
Al cierre de esta edición el CELS, que representa a los parientes de los muertos, seguía con su alegato. En total durará unas 10 horas. Llevan casi cuatro y terminará hoy, cuando el proceso se reinicie a las 10. Así se abrió la parte final del histórico juicio en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson. Hubo medio centenar de personas escuchando.
“La conclusión irrevocable es que los 19 presos fueron fusilados y rematados por personal de la Armada Argentina”, aseguró el abogado Eduardo Hualpa. Según la versión de la querella, a las 3.30 del 22 de agosto de 1972, los guerrilleros detenidos fueron despertados con gritos y patadas en las puertas.
Presos en la Base Almirante Zar de Trelew, el cabo Carlos Marandino les abrió celda por celda. El capitán de fragata Luis Sosa y el teniente de navío Roberto Bravo ordenaron formar delante de los calabozos, con la cabeza gacha. “Luego de uno o dos minutos y sin mediar hecho desencadenante alguno, el personal de la Armada abrió fuego sobre el grupo de prisioneros”, relató Hualpa en el silencio del recinto. “Después del fusilamiento recibieron tiros de gracia”.
El alegato repasó que Pedro Bonet fue asesinado con un tiro de gracia al mediodía de ese día, 9 horas después de haber sido herido; María Angélica Sabelli tenía un tiro mortal en la nuca; Jorge Ulla un disparo a quemarropa debajo de la tetilla izquierda y Susana Lesgart, un orifico de bala sobre el pecho, efectuado desde muy cerca.
La peor parte se la llevó Mariano Pujadas: 17 impactos de bala provenientes de dos líneas de tiro, una a la altura de las piernas y otra a la altura del abdomen. Según la autopsia el último disparo lo recibió en la cabeza, a no más de 30 centímetros y caído en el piso.
Pausado, casi teatral, Hualpa leyó los nombres de cada muerto, su edad y el motivo de su presidio. Recordó que Ana María Villarreal de Santucho “fue asesinada con más de 5 meses de embarazo”. Y que por intencionada falta de atención médica murieron 3 de los 6 sobrevivientes. Para graficar su hipótesis utilizó una pantalla de fondo naranja y proyectó un Power Point con el relato de los hechos.
Además de Marandino y Sosa, Emilio Del Real, Jorge Bautista y Rubén Paccagnini escucharon la descripción muy atentos e impasibles. A veces negaron con la cabeza. Otras agacharon la frente o estiraron el cuello para oír mejor. Se sentaron más cerca del centro del escenario y no se ocultaron en las cortinas.
Según el alegato, el trato a los presos de la Base “empeoró con el tiempo y fue especialmente cruel con Pujadas”. En su semana de encierro los guerrilleros fueron extensamente interrogados por la Marina y la Policía y “sufrieron sesiones de maltrato y verdugueo a cargo de Bravo”. Según los documentos militares, “tenían un gran entrenamiento mental, un cerrado mutismo y una actitud desafiante”. Iban al baño esposados y manos en la nuca, y les apuntaban con armas sin seguro y cargador extra. “Sosa solía visitar los calabozos y avalaba los maltratos”.
Hualpa repasó las 4 versiones oficiales acerca del episodio, las intimidaciones a los testigos y la investigación de Bautista, el juez militar ad-hoc de la época. También las represalias militares.
Un dato se escuchó en el juicio por primera vez: dos semanas antes de la fuga del 15 de agosto del ´72, el entonces capitán de fragata Paccagnini tenía información de inteligencia acerca de que las organizaciones guerrilleras planeaban un copamiento o bien un asalto de la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson.
Las investigaciones de las fuerzas armadas ya le advertían una “concentración de elementos subversivos” en el Valle. Se allanaron pensiones y hospedajes. El entonces jefe de la Base Zar incluso habló del tema con el gobernador de Chubut y le aseguró que el asunto estaba “totalmente clarificado”.
Según la querella, Paccagnini –acusado de cómplice de los 19 fusilamientos- “temía un posible intento de fuga entre el 1º y el 10 de agosto”. Tomó medidas de prevención. Pero aunque el espionaje militar de la época anticipó el movimiento sospechoso de los grupos armados, no adivinó que la toma del penal sería desde adentro. “Esa fue la sorpresa”, dijo Hualpa.
Tras el escape esos partes de inteligencia se multiplicaron. Se fichó a todos los involucrados de alguna forma con la Masacre. Hubo seguimientos a guerrilleros, abogados, familiares y vecinos de Trelew y Rawson que dieron apoyo a los presos políticos. Los datos constan en el material que se guardaba en la ex Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, y que aportó al tribunal la Comisión por la Memoria. Esta recolección de información sirvió para la variedad de represalias que llegarían tras los fusilamientos.#
Con la complicidad de parte de la sociedad civil, el objetivo era imponer una nueva estructura económica que necesitaba el “disciplinamiento” de la población, en especial la militante. Trelew fue la primera ejecución del esquema represivo.
Al cierre de esta edición el CELS, que representa a los parientes de los muertos, seguía con su alegato. En total durará unas 10 horas. Llevan casi cuatro y terminará hoy, cuando el proceso se reinicie a las 10. Así se abrió la parte final del histórico juicio en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson. Hubo medio centenar de personas escuchando.
“La conclusión irrevocable es que los 19 presos fueron fusilados y rematados por personal de la Armada Argentina”, aseguró el abogado Eduardo Hualpa. Según la versión de la querella, a las 3.30 del 22 de agosto de 1972, los guerrilleros detenidos fueron despertados con gritos y patadas en las puertas.
Presos en la Base Almirante Zar de Trelew, el cabo Carlos Marandino les abrió celda por celda. El capitán de fragata Luis Sosa y el teniente de navío Roberto Bravo ordenaron formar delante de los calabozos, con la cabeza gacha. “Luego de uno o dos minutos y sin mediar hecho desencadenante alguno, el personal de la Armada abrió fuego sobre el grupo de prisioneros”, relató Hualpa en el silencio del recinto. “Después del fusilamiento recibieron tiros de gracia”.
El alegato repasó que Pedro Bonet fue asesinado con un tiro de gracia al mediodía de ese día, 9 horas después de haber sido herido; María Angélica Sabelli tenía un tiro mortal en la nuca; Jorge Ulla un disparo a quemarropa debajo de la tetilla izquierda y Susana Lesgart, un orifico de bala sobre el pecho, efectuado desde muy cerca.
La peor parte se la llevó Mariano Pujadas: 17 impactos de bala provenientes de dos líneas de tiro, una a la altura de las piernas y otra a la altura del abdomen. Según la autopsia el último disparo lo recibió en la cabeza, a no más de 30 centímetros y caído en el piso.
Pausado, casi teatral, Hualpa leyó los nombres de cada muerto, su edad y el motivo de su presidio. Recordó que Ana María Villarreal de Santucho “fue asesinada con más de 5 meses de embarazo”. Y que por intencionada falta de atención médica murieron 3 de los 6 sobrevivientes. Para graficar su hipótesis utilizó una pantalla de fondo naranja y proyectó un Power Point con el relato de los hechos.
Además de Marandino y Sosa, Emilio Del Real, Jorge Bautista y Rubén Paccagnini escucharon la descripción muy atentos e impasibles. A veces negaron con la cabeza. Otras agacharon la frente o estiraron el cuello para oír mejor. Se sentaron más cerca del centro del escenario y no se ocultaron en las cortinas.
Según el alegato, el trato a los presos de la Base “empeoró con el tiempo y fue especialmente cruel con Pujadas”. En su semana de encierro los guerrilleros fueron extensamente interrogados por la Marina y la Policía y “sufrieron sesiones de maltrato y verdugueo a cargo de Bravo”. Según los documentos militares, “tenían un gran entrenamiento mental, un cerrado mutismo y una actitud desafiante”. Iban al baño esposados y manos en la nuca, y les apuntaban con armas sin seguro y cargador extra. “Sosa solía visitar los calabozos y avalaba los maltratos”.
Hualpa repasó las 4 versiones oficiales acerca del episodio, las intimidaciones a los testigos y la investigación de Bautista, el juez militar ad-hoc de la época. También las represalias militares.
Un dato se escuchó en el juicio por primera vez: dos semanas antes de la fuga del 15 de agosto del ´72, el entonces capitán de fragata Paccagnini tenía información de inteligencia acerca de que las organizaciones guerrilleras planeaban un copamiento o bien un asalto de la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson.
Las investigaciones de las fuerzas armadas ya le advertían una “concentración de elementos subversivos” en el Valle. Se allanaron pensiones y hospedajes. El entonces jefe de la Base Zar incluso habló del tema con el gobernador de Chubut y le aseguró que el asunto estaba “totalmente clarificado”.
Según la querella, Paccagnini –acusado de cómplice de los 19 fusilamientos- “temía un posible intento de fuga entre el 1º y el 10 de agosto”. Tomó medidas de prevención. Pero aunque el espionaje militar de la época anticipó el movimiento sospechoso de los grupos armados, no adivinó que la toma del penal sería desde adentro. “Esa fue la sorpresa”, dijo Hualpa.
Tras el escape esos partes de inteligencia se multiplicaron. Se fichó a todos los involucrados de alguna forma con la Masacre. Hubo seguimientos a guerrilleros, abogados, familiares y vecinos de Trelew y Rawson que dieron apoyo a los presos políticos. Los datos constan en el material que se guardaba en la ex Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, y que aportó al tribunal la Comisión por la Memoria. Esta recolección de información sirvió para la variedad de represalias que llegarían tras los fusilamientos.#
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