Cobertura Diario de Madryn
CONCLUYERON LOS ALEGADOS DE LAS PARTES ACUSATORIASInsisten con el pedido de perpetua para los responsables de la Masacre de TrelewEn la audiencia de ayer terminaron de exponer todas las partes acusadoras del juicio que se lleva contra los ex militares imputados por el fusilamiento de 16 presos políticos en la base militar de Trelew, en agosto de 1972. El pedido de los representantes de los fiscales fue cadena perpetua para los ejecutores del plan: Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino y Roberto Paccagnini. Por su parte, para Jorge Bautista, acusado de realizar una investigación militar que tuvo por fin desvirtuar la verdad de los hechos, exigieron dos años de prisión, según establecía en esa época el delito de encubrimiento. Todos los hechos fueron encuadrados como delitos de lesa humanidad.
También la fiscalía replicó lo que ya había solicitado la querella por
En la parte expositiva del fiscal Horacio Arranz, se volvió a repasar las circunstancias en que se dieron los fusilamientos. La masacre, caracterizada como homicidios doblemente agravados por alevosía y el concurso de dos o más personas en 16 casos, y tentativa en otros tres, se probó, según entienden los tres abogados que representaron al Ministerio Público Fiscal, “por utilizar medios y acciones idóneas con el fin de matar”, dijo Arranz, en referencia al uso de armas de guerra de grueso calibre y de repetición, además de los tiros de remate.
Sobre los dos agravantes, Arranz especificó, profundizando lo que ya habían sostenido las querellas, que el principio de alevosía se da por aprovechar “la indefensión de las víctimas, y buscando actuar sobre seguro” respecto a los criminales. “La alevosía, en el antiguo derecho, se lo entendía simplemente como matar a traición”, simplificó el fiscal.
Sobre la situación de indefensión, el abogado detalló: fueron atacados desarmados, en un ambiente con un pasillo de un metro y medio de ancho y una única salida: hacia adelante, donde provenían los disparos.
“Dispararon por lo menos un cargador por cada ametralladora. Cada uno de esos cargadores tiene al menos 32 balas; le pregunto al tribunal: ¿No hay alevosía, aprovechamiento de indefensión y no estaban actuando sobre seguro?”, interpeló Arranz levantando la mirada hacia donde estaban los jueces de la causa.
Además, como el plan fue pergeñado con anterioridad, fue un acto deliberado, se da el carácter de “dolo directo”, es decir la intención de asesinar a los presos políticos, y que condena la actitud que tuvieron los militares. Esto también tiene que ver con el segundo agravante, es decir el concurso de dos o más personas. “Planificaron el asesinato, arreglaron entre ellos cómo lo iban hacer”, cerró Arranz además de explicar en base a qué pruebas testimoniales basó toda su argumentación.
“La persona más próxima recibió 17 tiros”
Una vez más, los abogados desbarataron la versión que los militares difundieron en 1972, donde se sostenía que Luis Emilio Sosa recibió un ataque de Mariano Pujadas con el fin de arrebatarle el arma y forcejearon hasta que Sosa se zafó del agarrón. Arranz explicó cómo fácticamente era imposible: “Si el arma estaba enfundada, como dijo Sosa, no se podía arrebatar”. Además se refirió a la desprolijidad con que armaron a versión: “Dicen que Pujadas tomó a Sosa con una técnica de karate. En donde hay agarrones es en el judo en todo caso, pero en el karate hay golpes”, ridiculizó sobre la historia de
Por último, el fiscal se preguntó cómo era posible que Mariano Pujadas, el primero que estaba en la fila de presos políticos y quien supuestamente forcejeó con Sosa recibió 17 disparos y Sosa no recibió ninguno.
Crimen imprescriptible
Luego de la exposición de los hechos, expuso el fiscal Dante Vega, quien se refirió ampliamente a por qué los fusilamientos de 1972 se encuadran dentro de los delitos de lesa humanidad.
El abogado, quizás anticipándose a algunos de los argumentos que pueda utilizar la defensa, se refirió a cómo la violación de los derechos humanos y crímenes políticos en 1972 ya se pueden interpretar como “sistemáticos” y ponderó también la amnistía general que decretó el presidente constitucional Héctor Campora tanto para los presos políticos revolucionarios como para los que cometieron delitos como agentes del Estado.
“
“Era un momento de aparente legalidad con una creciente represión clandestina”, explicó el fiscal. Sobre esa doble circunstancia Vega detalló cómo la dictadura de Lanusse llamaba “leyes” a las normas represivas que sancionaba y luego aumentaban la represión clandestina contra lo que genéricamente se podía llamar como “disidentes”.
“Los delitos de lesa humanidad ya estaban caracterizados en esta época, lo que vino luego, en el 76 con la última dictadura, fue la masificación”, explicó el fiscal ante la posible estrategia de los defensores de desestimar que ya en la dictadura del 66 al 73 existía un plan para aniquilar a la militancia política revolucionaria.
El objetivo de los fusilamientos
En el final de la exposición, el fiscal Dante Vega se refirió a cuál fue el objetivo de la dictadura para cometer el fusilamiento de los 16 presos políticos, que de no mediar personas ajenas al acto premeditado, se hubieran terminado de fusilar los tres sobrevivientes.
Para Vega fueron dos objetivos: “Amedrentar y escarmentar” a la sociedad civil de todo el país. “Ese fue el sentido político de los hechos de Trelew”, sostuvo la fiscalía.
Cobertura Diario Jornada
Los defensores de los marinos imputados pidieron tiempo para revisar documentación. La querella se quejó ante el Tribunal.
Unas horas más. Es lo que reclamaron las defensas para armar mejor el alegato a favor de los marinos. El tribunal lo concedió y hubo discusión.
Las defensas de los marinos acusados por la Masacre de Trelew pidieron un día libre para preparar sus alegatos. Argumentaron que necesitan más tiempo ya que los acusadores hablaron de legislación que por su complejidad y su volumen requiere de un análisis más profundo de lo que creían. “Nos parece sensato dar continuidad al juicio pero tenemos que contestar tres acusaciones, y la documentación y la prueba que tendríamos que revisar es mucha”, dijo Sergio Oribones, defensor oficial. A cambio se comprometieron a terminar su trabajo el viernes. El tribunal que juzga los 19 fusilamientos en la Base Almirante Zar aceptó la solicitud. Las audiencias se reanudarán recién mañana a las 10 en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson.
La novedad cayó pésimo entre querellantes y fiscales. El Centro de Estudios Legales y Sociales, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio Público Fiscal no sólo quieren que el juicio no se detenga sino que incluso se agilice (ver página 4). Eduardo Hualpa, que representa a los familiares de las víctimas, ya exigió que los jueces adelanten una posible fecha de sentencia. “Los parientes necesitan organizarse para viajar y estar presentes en una fecha tan importante”, argumentó.
La discusión por los cortes fue parte del alegato de los fiscales. Además del pedido de penas (ver aparte), reclamaron que el tribunal explique públicamente por qué se suspendieron las últimas audiencias. Este diario ya reveló que el jueves hubo un error en el horario de un pasaje de avión de parte de una defensa. Los acusadores lo saben pero quieren que este episodio insólito se transparente.
Otro pedido fue que el presidente del tribunal, Enrique Guanziroli, “fije días y horas” para las audiencias. Esto significa que de ser necesario, el juicio continúe sábado y domingo. También advirtieron que no admitirán más prórrogas del proceso y reclamaron que se fije un cronograma para lo que queda del juicio.
La batería de exigencias incluyó que el viernes sea el día para que los marinos puedan decir sus últimas palabras, “teniendo en cuenta el costo que para la sociedad demanda la prolongación de este proceso y la edad avanzada de los procesados”. Esto permitiría que la sentencia se lea la segunda semana de octubre. El tribunal no contestó a ninguna de estas demandas. Y hubo mucho enojo de los abogados, que ven en las interrupciones una tardanza que se resuelve fácil si hubiese voluntad.
Anoche la última parte del alegato le tocó al fiscal Dante Vega. Explicó que los episodios del 22 de agosto de 1972 fueron un delito de lesa humanidad ya que se trató de “una ejecución sumaria de prisioneros en una base militar, de parte de un régimen dictatorial”. Y se preguntó cómo es que en democracia ningún juez se ocupó de la causa, inactiva por más de tres décadas. “Además los marinos no fueron sancionados ni siquiera disciplinariamente y el sumario contra ellos lo clausuró un decreto que firmó la Junta Militar”.
Según esta versión, el trabajo militar de los acusados tuvo una “apariencia de legalidad” ya que actuaron tres jueces: Jorge Quiroga, Alejandro Godoy y Jorge Bautista. El primero y el último se sabe qué hicieron. El segundo “fue usado como un cebo para engañar a los militantes y dejaran las armas. Luego se desprendieron de él”. Vega remarcó que la Base fue “blindada” por las fuerzas armadas: no ingresaron familiares, abogados ni otros civiles vinculados a los presos. “Fue una forma de decir ´Acá no entra nadie que no queramos que entre´. Si había cerco perimetral o alguna medida de seguridad no importaba para nada”.
Con sus pausas e ironías, el acusador mostró experiencia en lides de Derechos Humanos. Y desde la interpretación política, el fiscal dijo que la Masacre de Trelew significó “amedrentar y escarmentar” a la militancia política de los ´70: “A los que tuvieron la osadía de fugarse de una cárcel de máxima seguridad les dijeron ´Miren lo que somos capaces de hacer´”. Ser este símbolo fue el rol que tuvo el 22 de agosto en el plan de represión que comenzaba. “No fue obra de un grupo de militares exaltados o borrachos: fue una ejecución fríamente calculada y de otra forma no se podría entender. Así se inserta Trelew en la penúltima dictadura militar, que impulsó una forma desconocida en Argentina para eliminar a los disidentes políticos”.#
La novedad cayó pésimo entre querellantes y fiscales. El Centro de Estudios Legales y Sociales, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio Público Fiscal no sólo quieren que el juicio no se detenga sino que incluso se agilice (ver página 4). Eduardo Hualpa, que representa a los familiares de las víctimas, ya exigió que los jueces adelanten una posible fecha de sentencia. “Los parientes necesitan organizarse para viajar y estar presentes en una fecha tan importante”, argumentó.
La discusión por los cortes fue parte del alegato de los fiscales. Además del pedido de penas (ver aparte), reclamaron que el tribunal explique públicamente por qué se suspendieron las últimas audiencias. Este diario ya reveló que el jueves hubo un error en el horario de un pasaje de avión de parte de una defensa. Los acusadores lo saben pero quieren que este episodio insólito se transparente.
Otro pedido fue que el presidente del tribunal, Enrique Guanziroli, “fije días y horas” para las audiencias. Esto significa que de ser necesario, el juicio continúe sábado y domingo. También advirtieron que no admitirán más prórrogas del proceso y reclamaron que se fije un cronograma para lo que queda del juicio.
La batería de exigencias incluyó que el viernes sea el día para que los marinos puedan decir sus últimas palabras, “teniendo en cuenta el costo que para la sociedad demanda la prolongación de este proceso y la edad avanzada de los procesados”. Esto permitiría que la sentencia se lea la segunda semana de octubre. El tribunal no contestó a ninguna de estas demandas. Y hubo mucho enojo de los abogados, que ven en las interrupciones una tardanza que se resuelve fácil si hubiese voluntad.
Anoche la última parte del alegato le tocó al fiscal Dante Vega. Explicó que los episodios del 22 de agosto de 1972 fueron un delito de lesa humanidad ya que se trató de “una ejecución sumaria de prisioneros en una base militar, de parte de un régimen dictatorial”. Y se preguntó cómo es que en democracia ningún juez se ocupó de la causa, inactiva por más de tres décadas. “Además los marinos no fueron sancionados ni siquiera disciplinariamente y el sumario contra ellos lo clausuró un decreto que firmó la Junta Militar”.
Según esta versión, el trabajo militar de los acusados tuvo una “apariencia de legalidad” ya que actuaron tres jueces: Jorge Quiroga, Alejandro Godoy y Jorge Bautista. El primero y el último se sabe qué hicieron. El segundo “fue usado como un cebo para engañar a los militantes y dejaran las armas. Luego se desprendieron de él”. Vega remarcó que la Base fue “blindada” por las fuerzas armadas: no ingresaron familiares, abogados ni otros civiles vinculados a los presos. “Fue una forma de decir ´Acá no entra nadie que no queramos que entre´. Si había cerco perimetral o alguna medida de seguridad no importaba para nada”.
Con sus pausas e ironías, el acusador mostró experiencia en lides de Derechos Humanos. Y desde la interpretación política, el fiscal dijo que la Masacre de Trelew significó “amedrentar y escarmentar” a la militancia política de los ´70: “A los que tuvieron la osadía de fugarse de una cárcel de máxima seguridad les dijeron ´Miren lo que somos capaces de hacer´”. Ser este símbolo fue el rol que tuvo el 22 de agosto en el plan de represión que comenzaba. “No fue obra de un grupo de militares exaltados o borrachos: fue una ejecución fríamente calculada y de otra forma no se podría entender. Así se inserta Trelew en la penúltima dictadura militar, que impulsó una forma desconocida en Argentina para eliminar a los disidentes políticos”.#
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