Cobertura Diario Jornada y Página 12 - Alegatos Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

“Queremos pagar una deuda con el pasado”, Cobertura Diario Jornada

 

Anoche, la Secretaría le pidió al Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia que declare de lesa humanidad el 22 de agosto. Y advirtió que era una obligación del Estado homenajear a los presos políticos de la Unidad 6 de Rawson. También pedirá perpetua para cuatro de los marinos acusados.

 

 

Al igual que lo hizo el CELS, al cierre de esta edición la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le pedía al Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia que defina jurídicamente como “delito de lesa humanidad” a los fusilamientos del 22 de agosto del ´72. De tal modo se encaminaba a pedir prisión perpetua para Sosa, Del Real, Marandino y Paccagnini por haber ejecutado los 19 fusilamientos de la Masacre de Trelew. También solicitará 2 años de cárcel efectiva para Bautista, autor de la investigación militar que avaló la versión oficial de la fuga.

 Nunca escuchado

Al alegato lo abrió el abogado Martín Rico, venido de Buenos Aires. “Usted escuchó cosas que nunca había escuchado”, le dijo al presidente del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, Enrique Guanziroli, como para graficar lo inédito del juicio. “Con este proceso estamos ante un nuevo panorama que excede los parámetros normales para los operadores del Derecho, por eso trascendió las fronteras de Chubut”, añadió. Cabe recordar que se trata del primer juicio por lesa humanidad que se realiza en nuestra provincia.
Según Rico, el Estado se presentó como querellante en esta causa “para pagar una deuda con el pasado, homenajear a las víctimas y hacernos cargo de qué queremos para el futuro”. Y tuvo un recuerdo especial “para todos quienes estuvieron privados de su libertad en la Unidad 6 de Rawson”.
Insistió con que los fusilamientos fueron parte de “un plan trazado desde las más altas autoridades”. Según la Secretaría, este esquema incluyó el ataque sistemático a la población civil. “Aunque es trillado decir que es necesaria la memoria para no repetir los errores del pasado, nunca más vigente esa frase que ahora”, enfatizó Rico.
“Repugna”

El querellante recalcó el carácter imprescriptible de los hechos de agosto. “Es así incluso con Derecho internacional vigente en ese momento, como la Convención de Ginebra. A los presos de Trelew la dictadura siempre los calificó como oponentes políticos”. En este sentido, delitos así “son perseguibles mientras vivan los autores” aunque la Masacre “repugna por su magnitud”.
Siguió una puntillosa exposición de Kexel. El letrado trelewense reconstruyó el contexto represivo de la época y la imposición de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que derivó en fuerzas armadas ocupadas en reprimir al “enemigo interno”.
También la vida en la Unidad 6 de Rawson antes y durante la fuga. Recordó la legislación escrita exclusivamente para perseguir a la “subversión”.
Kexel relató lo que sucedió la madrugada del 22 de agosto del ´72 y la tremenda persecución a los sobrevivientes y a las familias de los muertos. Para Derechos Humanos, las versiones oficiales son inverosímiles y en cambio, los testimonios históricos coinciden en un ataque a un grupo de presos desarmados.
Mejor seguimos

Cerca de las 20.30, el juez Guanziroli quiso suspender la audiencia. Pero Rico pidió seguir: “Para esta parte me faltan 40 minutos”. El presidente del TOF dudó y consultó con Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella, sus pares. Cuando toda la sala suspiraba y se aprestaba a irse, Guanziroli dijo “entonces seguimos”. Hasta los marinos se rieron, ya parados como para partir.
Al alegato de la Secretaría le restan casi dos horas y terminará hoy, cuando la audiencia se reinicie a las 10. La sucederá el Ministerio Público representado por los fiscales Fernando Gélvez, Horacio Arranz y Dardo Vega.
Se estima que la acusación de los tres funcionarios coincidirá con sus colegas en el pedido de penas aunque con diferencias sutiles en la calificación legal.
El jueves será el último día para los alegatos de la acusación. La otra semana les tocará a los defensores de los marinos imputados. Lucieron visiblemente cansados al caer la noche, pero siempre atentos.#

 

“Cada uno cumplió una función en el plan”, Cobertura Página12

“Se encontraba en curso ya una persecución contra una parte de la población civil” que debe ser considerada como “crímenes de lesa humanidad”, dijeron los abogados. Pidieron la deportación del marino Roberto Bravo, cuya extradición fue negada por Estados Unidos.

   

 Por Ailín Bullentini

Por considerar que fueron responsables de dieciséis casos de homicidios, tres tentativas y torturas, la querella de los familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew pidió prisión perpetua para los marinos retirados Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y el ex cabo Carlos Marandino, cuatro de los cinco acusados por los fusilamientos sucedidos en esa ciudad el 22 de agosto de 1972. Para Jorge Bautista, quien en la época de los hechos actuó como juez ad hoc de instrucción militar, el equipo jurídico compuesto por las abogadas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Carolina Varsky y Daiana Fusca y el chubutense Eduardo Hualpa solicitó la pena de dos años de cárcel por encubridor de los delitos. A más de 40 años de los hechos, los abogados consideraron los crímenes como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. “Para el momento en el que se producen los hechos de la causa se encontraba en curso ya una persecución contra una parte de la población civil que por su magnitud, características y sistematicidad, debe ser considerada como suficiente a los fines de tener por acreditado el contexto requerido para la existencia de crímenes de lesa humanidad”, sentenciaron los abogados de la querella ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que comenzó en mayo de este año, en Rawson, a juzgar la masacre. Además, pidieron la deportación del marino Roberto Bravo, cuya extradición fue denegada por la Justicia de Estados Unidos, donde reside desde 1974, y la investigación del médico Lisandro Lois –quien firmó los certificados de defunción de algunas de las víctimas de los fusilamientos– por “encubridor”.

Varsky concluyó ayer el alegato de la primera querella del juicio, que reclamó la misma pena para cuatro de los cinco acusados: “Todos como coautores funcionales de los delitos de homicidio, tentativa en tres casos, y torturas. Cada uno cumplió una función en el plan de asesinato”, explicó Varsky a este diario.

Según el análisis de los abogados, acorde con las pruebas expuestas en el debate –los testimonios de los testigos que declararon, los de los tres sobrevivientes aportados en diferentes registros y documentos varios–, “está claro que Sosa, Del Real y Marandino dispararon”. A Paccagnini se lo acusa “en base a una autoría mediata: por ser el jefe de la base; por ser el primero en ingresar al lugar de los hechos inmediatamente después de ocurridos los fusilamientos y también como responsable de las torturas que recibieron los presos en la base entre el 16 de agosto –cuando se entregan en el aeropuerto de Trelew tras la fuga trunca– y el 22 y de sus condiciones de detención allí”.

A Bautista lo acusaron de encubridor de los asesinatos y pidieron por ese delito dos años de prisión de cumplimiento efectivo, que es la pena que el Código Penal de aquellos años establece –se toma la pena más benigna–. No obstante apuntaron que su cargo también es de lesa humanidad porque “la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad alcanza no sólo a esos hechos per se, sino también a las autoridades del Estado que toleren su perpetuación”, explicó la abogada.

La querella de los familiares de las víctimas había comenzado a fundamentar su pedido el lunes. Esa primera parte del alegato, un repaso detallado de lo ocurrido durante el debate judicial, sirvió para contextualizar los asesinatos, “abrazar” el pedido de condena y otorgarle sentido: “La normativa represiva, las reglamentaciones de las Fuerzas Armadas que seguían los lineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional y las enseñanzas de la Escuela Francesa; la creación de un fuero antisubversivo y el Camarón –la Cámara Nacional en lo Penal, que tenía jurisdicción en todo el país para tratar exclusivamente casos de militantes políticos–, una fuerte represión a la población civil, la práctica sistemática de torturas, detenciones arbitrarias y las primeras desapariciones forzadas de personas”, enumeró en diálogo con Página/12 Varsky.

Ayer, al final del alegato concluyó que “la Masacre de Trelew no fue un hecho aislado, producto de decisiones circunstanciales o de algún descontrol ocasional. Por el contrario, se produce en un marco de pleno desarrollo de un plan general de ataque a un grupo de la población civil, definido en forma genérica como ‘comunistas’, ‘subversivos’, ‘terroristas’”. Según entendió el equipo de letrados, ese plan, “por su magnitud, características y sistematicidad” es razón “suficiente a los fines de tener por acreditado el contexto requerido para la existencia de crímenes de lesa humanidad”.

Según los registros, Bravo reside en Estados Unidos desde 1974. A principios de 2008, el Estado argentino solicitó su extradición en el marco de la investigación de los fusilamientos de Trelew. La corte de Florida la denegó. Ayer, las abogadas del CELS y Hualpa solicitaron al Tribunal su deportación “en tanto quedó acreditado en el juicio que es uno de los autores del plan de asesinar a los militantes y que ni la Justicia militar, con Bautista a cargo de la instrucción militar, ni la Cámara Federal, el Camarón, avanzaron hace 40 años en investigar sobre los responsables de la masacre”.

Por último, el alegato pide que la Justicia investigue a Lisandro Lois, quien fue médico de la base y firmó los certificados de defunción de las víctimas que sobrevivieron en un primer momento al tiroteo, pero que luego mueren –es el caso de Pedro Bonet–. “A esas personas nadie les dio asistencia. Pedimos que se lo investigue por encubrimiento.” Lois fue, años más tarde, jefe de Sanidad de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar.

 

La mesa de ensayo

 Por Ailín Bullentini

“En palabras del mismo Duhalde (en referencia al ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis), Trelew fue la mesa de ensayo, el prólogo de todo lo que vino después”, mencionó el abogado Martín Rico, quien junto con Germán Kexel comenzó ayer a exponer los alegatos de esa secretaría en el juicio por la Masacre de Trelew ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, tarea que culminará hoy con el pedido de condenas. El razonamiento, que desembocará en la calificación de los fusilamientos como delitos de lesa humanidad, considera que “el plan criminal que imperó durante la última dictadura militar argentina no empieza en 1976. Todas las características de ese plan están presentes en Trelew, no sólo puntualmente el 22 de agosto, sino en las condiciones de detención en la base, en la incomunicación de los presos. Todo es parte de un mismo plan”, resumió Rico.