Hay indicios concluyentes que demuestran que la orden fue dada desde lo más alto, desde el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse, el objetivo era claro y ninguno en la cadena de mandos hacia abajo hizo algo para desviar los resultados», señaló ayer en su alegato el abogado Martín Rico, querellante en el juicio por la Masacre de Trelew representando a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El pedido de pena para los marinos imputados fue de perpetua para cuatro de ellos y dos años de prisión efectiva para el acusado de encubrimiento.
Según alegó Germán Kexel, también integrante de la querella, durante el desarrollo del juicio que comenzó el pasado 7 de mayo en Rawson contra cinco ex marinos por la muerte de 16 presos políticos en la Base Almirante Zar de Trelew en agosto de 1972, quedó demostrado que «hubo un plan previamente trazado, ejecutado y existió una posterior búsqueda de desviar las pruebas».
La postura casi inmóvil en su silla, sin gesto alguno de Rubén Paccagnini, quien fuera jefe de la Base Aeronaval al momento de los hechos, por primera vez se vio alterada por una sonrisa nerviosa y negando con el dedo índice de su mano derecha cuando Kexel manifestó en su alegato que «Lanusse tomó la decisión de los hechos acontecidos» y «Paccagnini transmitió la orden de fusilar a los detenidos».
A Paccagnini, al igual que para los imputados Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino, el delito por el cual la querella solicitó prisión perpetua es el de homicidio agravado y tres tentativas, dado que hubo tres sobrevivientes. En tanto que a Jorge Bautista se le imputa encubrimiento, por lo que el pedido de pena en este caso es de dos años de prisión efectiva.
CONTRADICCIONES
Para Kexel existieron «demasiadas inconsistencias» en la declaración testimonial del imputado Sosa, en relación a los testimonios recogidos durante el juicio.
Según la versión dada por el ex capitán Sosa, el militante político Mariano Pujadas le arrebató el arma y lo dejó sin conocimiento a la altura del primer calabozo. Pero no se explica que «Pujadas haya recibido 17 disparos y Sosa no recibió ninguno», entre otras contradicciones remarcadas por el abogado querellante durante su alegato de ayer.
Para el abogado Kexel, quien nació en Trelew y lloró por la emoción sobre el cierre de su alegato, tampoco quedan dudas de la participación de Del Real y Marandino, como así tampoco de la intencionalidad de Bautista como juez ad hoc elegido por la Marina para «desviar la invetigación y lograr la impunidad de los participantes».
Los querellantes consideraron un «agravante» que los imputados «mostraron en todo momento una falta de arrepentimiento y de sentido de humanidad, incluso a cuarenta años de ocurridas las muertes de los militantes políticos».
Según alegó Germán Kexel, también integrante de la querella, durante el desarrollo del juicio que comenzó el pasado 7 de mayo en Rawson contra cinco ex marinos por la muerte de 16 presos políticos en la Base Almirante Zar de Trelew en agosto de 1972, quedó demostrado que «hubo un plan previamente trazado, ejecutado y existió una posterior búsqueda de desviar las pruebas».
La postura casi inmóvil en su silla, sin gesto alguno de Rubén Paccagnini, quien fuera jefe de la Base Aeronaval al momento de los hechos, por primera vez se vio alterada por una sonrisa nerviosa y negando con el dedo índice de su mano derecha cuando Kexel manifestó en su alegato que «Lanusse tomó la decisión de los hechos acontecidos» y «Paccagnini transmitió la orden de fusilar a los detenidos».
A Paccagnini, al igual que para los imputados Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino, el delito por el cual la querella solicitó prisión perpetua es el de homicidio agravado y tres tentativas, dado que hubo tres sobrevivientes. En tanto que a Jorge Bautista se le imputa encubrimiento, por lo que el pedido de pena en este caso es de dos años de prisión efectiva.
CONTRADICCIONES
Para Kexel existieron «demasiadas inconsistencias» en la declaración testimonial del imputado Sosa, en relación a los testimonios recogidos durante el juicio.
Según la versión dada por el ex capitán Sosa, el militante político Mariano Pujadas le arrebató el arma y lo dejó sin conocimiento a la altura del primer calabozo. Pero no se explica que «Pujadas haya recibido 17 disparos y Sosa no recibió ninguno», entre otras contradicciones remarcadas por el abogado querellante durante su alegato de ayer.
Para el abogado Kexel, quien nació en Trelew y lloró por la emoción sobre el cierre de su alegato, tampoco quedan dudas de la participación de Del Real y Marandino, como así tampoco de la intencionalidad de Bautista como juez ad hoc elegido por la Marina para «desviar la invetigación y lograr la impunidad de los participantes».
Los querellantes consideraron un «agravante» que los imputados «mostraron en todo momento una falta de arrepentimiento y de sentido de humanidad, incluso a cuarenta años de ocurridas las muertes de los militantes políticos».
Otro pedido de perpetua en el juicio de Trelew
La Secretaría de Derechos Humanos se sumó al reclamo de condena para los cuatro acusados de los fusilamientos de presos políticos en la Base Almirante Zar. Argumentos.
Por: Tiempo Argentino
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reclamó ayer prisión perpetua para los cuatro acusados de haber participado de los fusilamientos de presos políticos en la Base Almirante Zar de Trelew. Al igual que la querella del CELS, la secretaría solicitó la máxima pena para Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino acusados por 16 homicidios agravados y tres tentativas de asesinato. Mientras que para el quinto acusado, Jorge Bautista, procesado por encubrimiento, pidieron dos años de prisión y solicitaron que todas las penas sean cumplidas de manera efectiva en prisión común.
Con todos los imputados presentes en el Centro Cultural José Hernández de Rawson, el juicio oral por la Masacre de Trelew ingresó ayer en su tercera jornada de alegatos luego de que el CELS, en representación de las familias de las víctimas, realizara el mismo pedido de condena para los marinos.
En representación de la Secretaría de Derechos Humanos estuvieron los abogados Germán Kexel y Martín Rico, quienes continuaron ayer el alegato que habían comenzado el martes.
Al igual que los abogados del CELS, además de las penas los abogados incluyeron una solicitud para que la justicia insista en reclamar a Estados Unidos la extradición de Roberto Bravo. El pedido ya fue rechazado por ese país a pesar de los testimonios que señalan al ex marino como quien realizó los tiros de gracia a los heridos. También pidieron que se investigue como posible encubridor a Lisandro Iván Lois, quien en 1972 se desempeñaba como médico de la Base y firmó algunos de los certificados de defunción.
"El debate jurídico y político de los últimos diez años hizo posible que hoy estemos aquí. Tenemos oportunidad de hacer justicia para los fusilados de Trelew", dijo Kexel durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.
Para la secretaría, los marinos Sosa, Del Real y Marandino fueron coautores materiales del fusilamiento de los 16 presos políticos el 22 de agosto de 1972. En cuanto a Paccagnini, jefe en ese momento de la Base Aeronaval Almirante Zar, la querella lo consideró autor mediato penalmente responsable de esos homicidios y de las tres tentativas de asesinato, ya que lo responsabilizaron por haber sido quien transmitió la orden del dictador Alejandro Agustín Lanusse de fusilar a los 19 detenidos luego de la fuga del penal de Rawson.
"En el momento del fusilamiento estaba en la base y a los pocos minutos en la zona de calabozos, donde en ese momento había seis sobrevivientes", leyeron los abogados, y sostuvieron que "no tomó la decisión de trasladarlos a un hospital" hasta pasado el mediodía, cuando tres de los heridos ya habían fallecido.
Luego del pedido de penas de la secretaría, cuando era el turno de los fiscales Horacio Arranz, Fernando Gelvez y Dante Vega, la audiencia debió suspenderse hasta hoy debido a una descompensación de la jueza Nora María Cabrera de Monella. Luego de la Procuración, la semana próxima serán las defensas de los acusados, quienes comenzarán a exponer sus alegatos. «
Con todos los imputados presentes en el Centro Cultural José Hernández de Rawson, el juicio oral por la Masacre de Trelew ingresó ayer en su tercera jornada de alegatos luego de que el CELS, en representación de las familias de las víctimas, realizara el mismo pedido de condena para los marinos.
En representación de la Secretaría de Derechos Humanos estuvieron los abogados Germán Kexel y Martín Rico, quienes continuaron ayer el alegato que habían comenzado el martes.
Al igual que los abogados del CELS, además de las penas los abogados incluyeron una solicitud para que la justicia insista en reclamar a Estados Unidos la extradición de Roberto Bravo. El pedido ya fue rechazado por ese país a pesar de los testimonios que señalan al ex marino como quien realizó los tiros de gracia a los heridos. También pidieron que se investigue como posible encubridor a Lisandro Iván Lois, quien en 1972 se desempeñaba como médico de la Base y firmó algunos de los certificados de defunción.
"El debate jurídico y político de los últimos diez años hizo posible que hoy estemos aquí. Tenemos oportunidad de hacer justicia para los fusilados de Trelew", dijo Kexel durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.
Para la secretaría, los marinos Sosa, Del Real y Marandino fueron coautores materiales del fusilamiento de los 16 presos políticos el 22 de agosto de 1972. En cuanto a Paccagnini, jefe en ese momento de la Base Aeronaval Almirante Zar, la querella lo consideró autor mediato penalmente responsable de esos homicidios y de las tres tentativas de asesinato, ya que lo responsabilizaron por haber sido quien transmitió la orden del dictador Alejandro Agustín Lanusse de fusilar a los 19 detenidos luego de la fuga del penal de Rawson.
"En el momento del fusilamiento estaba en la base y a los pocos minutos en la zona de calabozos, donde en ese momento había seis sobrevivientes", leyeron los abogados, y sostuvieron que "no tomó la decisión de trasladarlos a un hospital" hasta pasado el mediodía, cuando tres de los heridos ya habían fallecido.
Luego del pedido de penas de la secretaría, cuando era el turno de los fiscales Horacio Arranz, Fernando Gelvez y Dante Vega, la audiencia debió suspenderse hasta hoy debido a una descompensación de la jueza Nora María Cabrera de Monella. Luego de la Procuración, la semana próxima serán las defensas de los acusados, quienes comenzarán a exponer sus alegatos. «
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