Tras declarar en el juicio que se desarrolla ante el Tribunal Oral
Federal de Comodoro Rivadavia, Mattarollo describe el contexto en el que
se produjeron los fusilamientos, porque “es imposible analizar la
masacre por fuera de lo que estaba ocurriendo en el país”.
El
representante de la Unasur en Haití, Rodolfo Mattarollo, fue, junto con
el ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, el primero en
enmarcar a la Masacre de Trelew entre los crímenes de lesa humanidad
cometidos bajo el terrorismo de Estado. Lo hizo en el mismo momento en
el que sucedieron los fusilamientos de 19 presos políticos, el 22 de
agosto de 1972. Tres de ellos sobrevivieron a la balacera que sufrieron
en la Base Almirante Zar, pero hoy están desaparecidos o asesinados.
“Fue un ensayo general del terror que sembró desde 1976 la dictadura de
(Rafael) Videla y compañía”, no se cansa de repetir el ex abogado de
presos políticos que compartió profesión y militancia con Duhalde y
Rodolfo Ortega Peña, entre otros tantos abogados víctimas de las
violaciones a los derechos humanos. Para él, la masacre formó parte de
una batería de acciones que la dictadura de Alejandro Lanusse
(1971-1973) comenzó a ensayar ante los movimientos contestatarios que se
habían levantado desde los ‘60. “Es imposible analizar la masacre por
fuera de lo que estaba ocurriendo en el país y de lo que ocurrió luego”,
dijo, después de declarar en Chubut, la semana pasada, en el juicio por
la masacre.
–¿Cuál era su actividad a fines de la década del ’60 y principios de los ’70?
–Integraba la Asociación Gremial de Abogados de Buenos Aires, que
nucleaba a más de 150 defensores de presos políticos sin distinción de
ideología. Formábamos parte de ese gran movimiento antidictatorial que
se forjó contra la dictadura de (Juan Carlos) Onganía y Lanusse. Nos
preocupaba denunciar la represión y la tortura que sufrían los detenidos
sólo por militar, por luchar por recobrar una democracia que se habían
emperrado en arrebatarnos a los argentinos ininterrumpidamente desde
1930, con el inicio de la Década Infame. Las insurrecciones populares
focalizadas que comenzaron a sucederse, el Cordobazo, el Rosariazo, el
Mendozazo, alarmaron a los sectores más reaccionarios de la sociedad y
derivaron en respuestas represivas nuevas. En ese marco aparece la lucha
armada, organizaciones que sólo un par de años después, en 1972,
protagonizan esa gran bofeteada al sistema de facto que fue la fuga de
decenas de presos políticos de un penal de máxima seguridad como es la
Unidad 6 de Rawson. En ese contexto debe entenderse la masacre y también
la persecución que sufrió todo el andamiaje que había comenzado a
construirse alrededor de los movimientos contestatarios. Cerca de 130
abogados de La Gremial están desaparecidos.
–Sabían de la existencia de torturas a presos políticos...
–La tortura adquiere carácter masivo en el país con Onganía. Apenas
teníamos noticias de una detención, los abogados intentábamos colocar un
hábeas corpus, una intervención inmediata que sabíamos permitía frenar
la tortura y los malos tratos, o por lo menos dificultarlos. También
llegamos a pedir pericias médicas a los presos que habían sido sometidos
a picana en interrogatorios, por ejemplo. Nos rompíamos la cabeza
pensando la manera de salvaguardar la integridad física de los detenidos
en un clima generalizado de violaciones a los derechos humanos
institucionalizadas.
–Torturas, persecución a familiares y abogados, ¿cómo confluyen esos aspectos de contexto en la Masacre de Trelew?
–Esa situación es la que nos llevó a Duhalde, a Rodolfo Ortega Peña
(un colega que fue asesinado por la Triple A en 1974) y a mí a hablar de
terrorismo de Estado antes del golpe de 1976 y a caracterizar la
Masacre de Trelew como un ensayo general de ese terrorismo que se
generalizará a partir de entonces. Pero había más. Un año antes habían
comenzado las desapariciones forzadas, el sistema preferido de los
represores de 1976. La desaparición en 1971 del matrimonio de Marcelo
Verd y Sara Palacios de Verd; el secuestro en el mismo año de Mirtha
Misetich, de cuyo paradero tampoco hay noticia, y el asesinato en ese
operativo de su esposo Juan Maestre. Por otro lado, nosotros tres
defendíamos presos políticos confinados en Rawson al momento de la fuga
frustrada del 15 de julio de 1972; algunos de ellos la protagonizaron y
forman hoy parte de las víctimas del fusilamiento. Yo defendía a María
Angélica Sabelli. Cuando nos enteramos de la fuga, viajamos a Rawson
porque tuvimos la certeza de que había un peligro concreto de la pérdida
de la integridad física de nuestros defendidos. Cuando llegamos
encontramos un panorama de absoluta indefensión jurídica de nuestros
procesados.
–¿Qué significaba esa indefensión?
–Que desaparecía de hecho el estrecho margen de legalidad que
existía bajo la dictadura de Lanu-sse. Entonces funcionaba el conocido
Camarón, la Cámara Federal en lo Penal, a la que considerábamos un
tribunal especial prohibido por la Constitución pero que, sin embargo,
ofrecía un margen de reglas de juego que permitían representación
jurídica, una luz de acercamiento entre los presos políticos y nosotros.
Desapareció todo aquello cuando trasladaron a los presos políticos
fugados y rendidos desde el aeropuerto a la Base Almirante Zar. No
pudimos entrevistar a los jueces, no pudimos acceder al penal y mucho
menos a la base. Las Fuerzas Armadas habían violado sin conflicto alguno
el compromiso de llevar a los chicos al penal.
–Con todo eso, ¿imaginaban el final?
–Sentimos que se aproximaba una situación muy grave, tensa,
peligrosa. Además de no poder verlos, de no poder tomar contacto con el
Camarón, sentimos que nos perseguían... Un día estábamos almorzando en
el Hotel Provincial de Rawson junto con el diputado Mario Amaya, hoy
desaparecido, y el abogado local Hipólito Solari Yrigoyen. Nos
detuvieron a todos y a Amaya lo pusieron a disposición del PEN.
Decidimos volver a Buenos Aires, donde nos enteramos de los asesinatos
de los chicos. Quisimos dar una conferencia de prensa en la sede de La
Gremial, pero la volaron con una bomba. La hicimos en la calle.
–¿Por qué supone que los mataron?
–La detención de los chicos había sido pública y notoria en un
aeropuerto lleno de testigos involuntarios. Era una situación imposible
de negar; ellos no podían desaparecer. Los mataron para sembrar el
escarmiento. Habían puesto a las Fuerzas Armadas en ridículo frente a
toda la sociedad, con lo cual el fusilamiento fue una reacción de
profundo resentimiento.
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