Declaración del Coronel (R) Horacio Ballester y la historiadora Vera Carnovale

Diario Jornada, Por Rolando Tobarez
 
Por primera vez un militar admitió que la versión de la fuga “no tiene ningún asidero”
El coronel retirado Horacio Ballester dijo que “desde el punto de vista militar” no es posible creer la historia oficial. Explicó que la orden la dio el expresidente Agustín Lanusse y que el 22 de agosto fue la puesta en práctica de la doctrina de seguridad nacional. Discusiones por una historiadora.


El coronel retirado Horacio Ballester admitió que “analizado desde el punto de vista militar la versión oficial del intento de fuga no tiene ningún asidero”. Se trata del primer uniformado de alto rango que en el juicio por la Masacre de Trelew avala la tesis de que hubo 19 fusilamientos en la Base Almirante Zar. Además consideró que las ejecuciones del 22 de agosto de 1972 fueron la primera aplicación plena en Argentina de la doctrina de la seguridad nacional, que auspició la eliminación del “enemigo interno”, aunque sean compatriotas, en los países donde se practicó.
“Esa teoría ya estaba escrita y los cursos ya estaban hechos. Restaba su aplicación práctica, que sucedió en Trelew, y después la continuaron”, le aseguró al tribunal en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson. Según su visión, “todos los que estuvieran en contra del sistema eran considerados enemigos”. Esto incluyó a los militantes políticos detenidos tras la fuga de la Unidad 6. “Esto sucedió a todo nivel y por cualquier cosa”, añadió.
Militar y secuestrado
El testigo ingresó al Ejército en 1943 y formó parte de una camada de miembros de las fuerzas de seguridad que no apoyaban la represión como método. Fue dado de baja justamente por la dictadura de Alejandro Lanusse. “Sin ser muchos, éramos un sector que estaba en contra de esos métodos. A mí me secuestró la Policía Federal, me mandaron a un Consejo de Guerra y tuve tres meses de prisión”. Lo echaron de todos sus cargos y sufrió arrestos domiciliarios.
Recuperó su grado y su antigüedad con la amnistía de 1973 y se dedicó al estudio de temas político-militares. Presidió el Centro de Militares para la Democracia Argentina y ya declaró en 27 juicios distintos en todo el país. Entre ellos el proceso contra las Juntas y contra el capitán Adolfo Scilingo, en España.
Ante la consulta puntual del fiscal federal Fernando Gélvez, Ballester consideró que la orden de los fusilamientos la dio el expresidente de facto. “En esta doctrina las decisiones las toma y vienen del más alto nivel de conducción y la trasmite por las vías jerárquicas”, explicó. Ante el pedido de sintetizar el marco ideológico que permitió los hechos de Trelew, advirtió que “se dio un razonamiento perverso: en nuestra economía, dominada por transnacionales de EE.UU, todo aquel que intentara mejor distribución de la riqueza y defender nuestra industria, automáticamente estaba atacando los intereses de esas empresas; si lo hacían porque atacan los intereses de EE.UU; si atacan esos intereses defienden los de Unión Soviética, entonces son comunistas y si son comunistas automáticamente pierden todos los derechos humanos. Así es el criterio que siguieron todas las dictaduras en todos los países”.
Historiadora
Otra testigo fue la historiadora Vera Carnovale, quien explicó cómo se configuró el escenario de represión militar y el origen de las organizaciones armadas en Argentina. “La primera consecuencia de la Masacre de Trelew fue el estupor y una fuerte indignación pública, ya que la versión oficial no se creyó”. Además, los fusilamientos generaron que “aumente enormemente la cantidad de militantes políticos”.
Los efectos
Según Carnovale, personas que eran militantes gremiales o sociales, tras el 22 de agosto decidieron sumarse a las organizaciones políticas. Se calcula que ese año había 1.500 presos políticos. “Existía el sentimiento de que había que hacer algo y esto nutrió a los grupos, que tuvieron un fuerte impacto moral ya que los fusilamientos fueron inesperados”. También hubo efecto boomerang para Lanusse, ya que “fue una gota más que alimentó la crisis de legitimidad de su gobierno”.
La única discusión de la audiencia se produjo cuando la historiadora ofreció como evidencia el libro “Proceso de explotación y represión en Argentina”. El defensor Gerardo Ibáñez se quejó con ganas: “Ella no es testigo de nada en este juicio y es intolerable que haga un alegato adelantado y aporte documentación. Esto desborda el derecho a la defensa en juicio y no lo podemos permitir”.
Los querellantes Germán Kexel y Horacio Arranz retrucaron que el aporte histórico de Carnovale era vital para definir si la Masacre de Trelew fue un delito de lesa humanidad y así poder juzgarlo, según ordenó la Cámara Nacional de Casación Penal. Así las cosas, el juez Enrique Guanziroli avaló la postura de los acusadores y aceptó los materiales de la historiadora porque le servirán al tribunal para tomar su decisión.#
 
 
Por Ailín Bullentini
Las partes acusadoras en el juicio por los fusilamientos de dieciséis presos políticos y el intento a otros tres que lograron sobrevivir en la Base Almirante Zar, en agosto de 1972, consideraron que los testimonios oídos en la audiencia de ayer completaron las pruebas que explican que esos hechos, enmarcados en lo que durante los últimos 40 años se conoció como la Masacre de Trelew, son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Las declaraciones de la historiadora Vera Carnovale y el integrante del Centro de Militares para la Democracia Horacio Ballester sirvieron para “caracterizar el período en el que acontecieron los hechos, cuando existía un ataque sistemático a militantes políticos de diferentes organizaciones”, mencionó el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, querellante en el proceso, Germán Kexel. “Los testigos confirmaron que no se puede pensar la masacre como un hecho aislado de lo que sucedía en esos tiempos”, completó el representante de los familiares de las víctimas en el juicio, Eduardo Hualpa.
Carnovale y Ballester son dos testigos que la acusación sumó en el juicio oral, luego de que la Cámara de Casación sentenciara, en esa etapa del proceso de justicia, con la definición de si los delitos analizados constituyen o no violaciones a los derechos humanos. La mujer, doctora en Historia de la Universidad de Buenos Aires y especialista en violencia política de la historia reciente, definió las condiciones políticas del país desde la dictadura de Juan Carlos Onganía hasta 1973 como un período “particularmente represivo”, marcado por la “institucionalización de la tortura, el uso de la picana eléctrica y como consecuencia de la tortura la desaparición de personas”. Según Carnovale, el contexto en el que sucedió la Masacre de Trelew fue aquel “profundamente imbuido de la doctrina de seguridad nacional que les atribuye a las fuerzas de seguridad la defensa en una guerra interna cuyo enemigo era la subversión”, apuntó. Ballester también basó su testimonio en el desarrollo de la doctrina que desde Francia y Estados Unidos formó a los militares latinoamericanos en la “lucha contra la infiltración comunista”. “Hacia fines de los ’60, la doctrina estaba aceptada en toda América y supervisada por la Junta Interamericana de Defensa”, reconstruyó el ex militar. Hualpa destacó que el momento más “fuerte” de su declaración fue cuando “sostuvo que era necesario un hecho de ejecución de esa doctrina y en Argentina fue la Masacre de Trelew”. En tanto, Kexel remarcó que el hombre encuadró los fusilamientos en “la política de la época, con lo que se entiende que la orden de fusilar partió desde los altos mandos de las Fuerzas Armadas”. Sin ir más lejos, Ballester respondió ante el tribunal que, en el marco de la doctrina de seguridad nacional, las órdenes “sólo podrían venir de las más altas esferas y (ser) transmitidas por la cadena de mandos”.
Así, dos de los últimos testigos del histórico juicio por la Masacre de Trelew lograron “explicar teórica y doctrinariamente lo que los testigos anteriores sufrieron en carne propia: la tortura y la persecución política sólo por pensar diferente”.

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